Celso Rodríguez, portavoz de la APM, dijo a Servimedia que “en un Estado de derecho no resultan de recibo manifestaciones o actos multitudinarios que tengan por finalidad directa o indirecta tratar de influir sobre la labor de un tribunal de Justicia”.

Según Rodríguez, “en un Estado de derecho todo el mundo tienen derecho a la presunción de inocencia” y a que alguien quiera “solidarizarse” con un procesado, como sucede con Mas y sus exconsejeras.

Sin embargo, afirmó que “deben respetarse no sólo las resoluciones judiciales, sino la labor cotidiana de los tribunales de Justicia sin alterar lo que es un escenario puramente democrático y que pasa por el imperio de la ley y a la independencia de los tribunales”.