Mas se enfrenta a un petición de 10 años de inhabilitación por desoir la prohibición hecha por el Tribunal Constitucional de celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

El expresidente anunció al inicio de su declaración que no iba a contestar más que a las preguntas de su abogado, a quien respondió por espacio de 45 minutos.

Comenzó por asumir que “la iniciativa de la consulta del 9-N fue mía y de mi Gobierno”, pero tras esta afirmación dedicó sus siguiente respuestas a matizar la responsabilidad del Ejecutivo catalán en la organización de la consulta.

Según explicó, tras constatar que había en el Parlament “una gran mayoría que estaba de acuerdo en la celebración de una consulta”, el Ejecutivo se puso manos a la obra para “cumplir las resoluciones” de la Cámara autonómica “de forma democrática”. “Queríamos saber si aquel plan (independentista) tenía una traducción en las urnas y conocer la opinión de los ciudadanos de Cataluña”.

Mas explicó que intentó llegar a acuerdos con el Gobierno central para la celebración de un referéndum con “todas las garantías”, pero “no hubo ninguna posibilidad”, y sólo cuando una hubo una prohibición por parte del Tribunal Constitucional se decidió “cambiar el formato” de la consulta para que su organización no dependiera de la Administración, sino de las organizaciones soberanistas que con 42.000 voluntarios se encargaron de su ejecución.

Así, explicó, se decidió “mantener la pregunta y mantener la fecha, aunque todo el sistema de garantías de celebración cambió de manera sustancial y fue plenamente democrático y legal”, con el objetivo último de “conocer la opinión de los ciudadanos de Cataluña” y sin carácter vinculante.

“RESPONSABLE DE TODO”

A la pregunta de si se declaraba responsable de ordenar la apertura de los colegios e institutos para la jornada de votación, Mas se declaró “responsable de no retirar la consulta” tras la prohibición del Tribunal Constitucional, “de convertir el referéndum inicial en un proceso participativo, de dar las instrucciones para el cambio de formato y que la gente pudiera participar” en una consulta que, según su convicción, “no tendría consecuencias legales”, puesto que sólo era un “proceso de participación ciudadana”.

Ante la inconcreción de la respuesta, el presidente de la Sala, Jesús María Barrientos, le advirtió de que no había respondido a la pregunta de si ordenó abrir los colegios, a lo que Mas le respondió: “Sí que he contestado, ya he dicho que yo era responsable de todo”.

No fue esta la única vez que el presidente del tribunal tuvo que intervenir. En una ocasión anterior recordó al expresidente que, como acusado, comparece en vista oral para responder a preguntas, no para formularlas.

Mas insistió en que una vez reformulado el referéndum como una consulta popular, la actuación de los voluntarios fue “pieza clave imprescindible” para la organización y celebración de la jornada electoral, que pese al “cambio de formato” no supuso en ningún caso “renunciar a los objetivos”.

“Nuestra decisión (de hacer una consulta a la población) era tan grande y nuestro compromiso tan evidente, ante el apoyo de mayorías tan amplias y movilizaciones populares, que finalmente decidimos tirar para delante”, aseguró Mas.