El sindicato mayoritario de estibadores anuncia movilizaciones por el decreto de liberalización del sector

MADRID
SERVIMEDIA

El coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (el sindicato mayoritario de estibadores), Antolín Goya, anunció este viernes que “iniciaremos movilizaciones y acciones sindicales” ante la decisión del Ministerio de Fomento de regular mediante un decreto ley la liberalización del sector.

Así se expresa Goya en un comunicado en el que considera “roto el diálogo” y denuncia “la actitud autoritaria” del ministro Íñigo de la Serna. Además, explica que el objetivo de las movilizaciones será “restablecer la comunicación, exigir de las empresas la culminación del esfuerzo de negociación desarrollado, y exponer a los grupos parlamentarios el error de una norma impuesta que desestabiliza un sector y destruye puestos de trabajo”.

“Defenderemos nuestra profesión por todos los medios. No vemos otra salida. Somos miles las familias que vivimos de este sector, miles los trabajadores que hemos logrado construirlo para que arrojen cifras que baten records año tras año y no permitiremos que nos erradiquen de la ecuación, solo para que se enriquezcan los pocos a los que obedecen los gobiernos, a costa de trabajo en condiciones indecentes””.

A este respecto, lamenta que la actitud de Fomento frustra el ejercicio de flexibilidad y entendimiento con los empresarios de los puertos que permitía una salida acordada. “Quieren imponer un decreto ley en el que dicen que no hay margen para modificación alguna”, apostilla.

Según Goya, Coordinadora, UGT y CCOO acordaron con la patronal Anesco un documento de “bases para la reforma” y la pasada semana había suscrito un preacuerdo con la asociación empresarial que contenía el desarrollo pormenorizado que contaba con el apoyo de los grandes operadores nacionales e internacionales de los principales puertos españoles.

Además, asegura que el planteamiento que hace ahora el Gobierno español es mucho más duro para los trabajadores que el fallo de la sentencia de diciembre de 2014 que obliga a la liberalización del sector.

“Se trata, de una maniobra de expediente de extinción de empleo en tres años, subvencionada con fondos públicos, a través de las autoridades portuarias, encubierta tras una sentencia que no es eso lo que exige”, concluye.

Por todo ello, apela a “la cordura del resto de grupos parlamentarios, para que no apoyen una modificación del modelo portuario, por otro lado, de los más eficientes de Europa, impuesta con la complicidad evidente de los representantes oficiales españoles”.

(SERVIMEDIA)
03 Feb 2017
JBM/gja