La organización valoró especialmente el “esfuerzo” de todos los grupos políticos que componen el arco parlamentario para poner en marcha con la máxima rapidez la modificación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que entra en vigor el próximo 30 de junio y que prevé la obligación para estas personas de pedir un dictamen médico.

En los últimos meses, la ONCE, el Cermi y otras asociaciones del mundo de la discapacidad han negociado para impedir la entrada en vigor de esta ley “anacrónica” y “claramente discriminatoria” para personas ciegas, sordas o con otra discapacidad, por lo que la ONCE asegura que sería “bueno” que la reforma estuviera lista antes del 30 de junio, de manera que no entrara en vigor esta medida.

La organización apreció especialmente el “sentido común” y la “ejemplaridad” demostrada por todos los grupos parlamentarios para “deshacer este grave error” y “permitir que estas personas puedan contraer matrimonio sin problema y no necesiten presentar un dictamen médico”.

La ONCE señaló que se trata de “una discriminación histórica” que afecta a la discapacidad y que está en contra de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por España.