Así lo señaló la organización en un comunicado en el que afirma que determinados artículos de la futura ley “contradicen claramente lo establecido hace ya siete años por la Ley de Morosidad”.

Upta lamentó que “de nuevo se deja a la potestad de cada Administración la comprobación de que los contratistas han pagado a sus empresas y autónomos subcontratados, con lo que, aun si no hubieran pagado, pueden presentarse a nuevas licitaciones”.

“Lo más grave es que se prohíbe la denominada ‘acción directa’, es decir que si los subcontratistas no han cobrado puedan ir contra el cliente principal, lo que representaba un derecho fundamental de las más pequeñas empresas”, aseveró.

UPTA considera que este texto es una marcha atrás en los derechos de los subcontratados que, “al ser la parte más débil de la cadena de contratación, son siempre los que sufren más directamente los perjuicios de la morosidad de la Administración y de las grandes empresas”.

En este sentido, según indicó el secretario general de Upta, Eduardo Abad, “la organización apoyará ante los grupos parlamentarios las enmiendas presentadas por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de la que formamos parte”.