La nueva entidad está impulsada por el ex secretario general del Ministerio de Sanidad Fernando Lamata; el gerente de Coordinación e Inspección del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Roberto Sabrido; el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín y el exdirector de los Servicios Jurídicos del Instituto Nacional de la Salud Javier Sánchez Cao, entre otros.

Uno de los principales fines de la asociación es “la defensa del derecho a acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad en el sistema sanitario público” y “la lucha contra el abuso del sistema de patentes en todo aquello que implique una barrera para el acceso efectivo y equitativo de la población a los medicamentos”.

Para el cumplimiento de los fines expuestos, la nueva entidad se ha marcado una hoja de ruta que incluye la promoción y desarrollo de actividades para facilitar el acceso de todas las personas a los medicamentos necesarios y para la eliminación de los abusos del sistema de patentes a través de publicaciones, actividades de formación, reuniones científicas, seminarios y conferencias.

La propuesta de cambios legislativos y el impulso a decisiones políticas y administrativas que posibiliten el acceso a los medicamentos necesarios de todas las personas, elevando propuestas a los órganos competentes, también forman parte de su plan de acción junto a la realización de actividades de difusión y comunicación social y todas aquellas que favorezcan la defensa del derecho al acceso a los fármacos.

DERECHO HUMANO O NEGOCIO

Asimismo se ha presentado también el libro ‘Medicamentos: ¿Derecho Humano o Negocio?’ que pretende abordar aspectos como los recortes y los altos precios de los nuevos medicamentos, el cálculo de los precios de los fármacos y los costes razonables de los medicamentos innovadores.

Los autores del libro, entre los que se encuentran Fernando Lamata, Ramón Gálvez y Javier Sánchez-Caro, señalan que una de cada tres personas en el mundo no tienen acceso a los medicamentos que necesitan y en España, Portugal y otros países de Unión Europea millones de personas no pudieron comprar en 2015 los medicamentos que les habían recetado sus médicos en la sanidad pública.

En la raíz de estos problemas, a juicio de sus autores, está un modelo en el que prima más la visión del medicamento como producto financiero que como derecho de las personas y genera también el consumo innecesario de medicamentos y contribuye a un número muy elevado de reacciones adversas que causan muchas muertes e importantes gastos.