En el escrito presentado hoy, que amplía las alegaciones para que se investigue el patrimonio del presidente del Congreso, reclama al Ministerio Público que solicite el "planeamiento, modificaciones puntuales, recalificación o gestión urbanística, concedidos a la empresa o empresas de Rafael Santamaría, tanto en su forma societaria actual, Reyal Urbis, como en cualquier otra forma societaria, anterior, simultánea o posterior, en donde el mencionado empresario tenga o haya tenido participación mayoritaria o de control".

El PP presentó este martes ante la Fiscalía General un escrito de cinco folios en los que amplía las alegaciones presentadas el pasado jueves reclamando que se investigue el patrimonio de Bono al entender que existen "desajustes" con lo declarado a Hacienda y reclama mas información, "a fin de que no se realicen imputaciones públicas que no puedan sostenerse sino sobre hechos contrastados".

Asimismo, solicita a la Fiscalía que le remita el documento que el presidente del Congreso trasladó al Ministerio Público dando cuenta de su patrimonio después de las informaciones publicadas.

En este escrito, los populares esgrimen que, "a la vista de las nuevas informaciones y dado el desconcertante silencio de Bono, es innegable que han aumentado las dudas en la opinión pública en cuanto a su relación con determinados empresarios y a los posibles desajustes patrimoniales entre los bienes públicamente declarados por el presidente del Congreso y los que se describen en las informaciones publicadas por los medios".

En este sentido, el PP cuestiona por qué Bono, según publicaciones periodísticas, envió la documentación de su patrimonio a la Fiscalía General del Estado.

Tras aludir a que la Fiscalía tiene encomendada la misión de "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por el ley", reclaman los escritos remitidos por Bono el pasado 12 de abril al fiscal jefe Cándido Conde Pumpido.

El partido que lidera Mariano Rajoy pide a la Fiscalía que abra diligencias, de las que dice que "se ha mostrado tan proclive durante todo su mandato a la hora de investigar hechos relevantes de contenido patrimonial que pudieran afectar a personalidades públicas y en los que aparecieran indicios de actuaciones que pudieran ser irregulares e incluso ilícitas".