El responsable de Economía señaló que el objetivo es contar con un modelo de contrato hipotecario que, si las partes lo consideran oportuno, se pueda “utilizar de forma generalizada”.

En el Pleno del Congreso de los Diputados, el ministro se pronunciaba así en el marco de una interpelación de Unidos Podemos sobre protección de los consumidores y transparencia de los créditos hipotecarios.

En concreto, el diputado de Podemos Rafael Mayoral preguntó si el Gobierno tiene intención de trasponer la directiva comunitaria de 2014 sobre esta materia y cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE relacionadas con los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en España.

De Guindos reconoció que es posible que en el mercado hipotecario español se hayan “podido cometer abusos” o “situaciones complejas”, pero “habrá algo que no habremos hecho tan mal cuando el porcentaje de familias con vivienda en propiedad sea tan alto”, del 80%.

En todo caso, apuntó que se quiere avanzar en la “claridad y transparencia en el contrato más importante que firman las familias españolas”, para agregar que la confianza en esta materia es fundamental para que “no haya restricción de crédito”.

Por otra parte, el ministro explicó que se van a adoptar medidas, recogidas en la directiva europea, para limitar la compensación que puede cobrar una entidad de crédito por realizar amortizaciones anticipadas de los préstamos hipotecarios, regular el derecho a convertir a moneda nacional los préstamos en moneda extranjera, la prohibición de realizar ventas vinculadas o poner coto a la retribución de los prestamistas e intermediarios.

ABUSOS GENERALIZADOS

Mayoral denunció los “abusos generalizados” de las entidades financieras en materia hipotecaria, y señaló que “todas las medidas legales” que ha tomado el Gobierno en los últimos años intentaban “proteger los intereses de la banca y amortiguar los efectos de las sentencias”.

Así, dijo que el Gobierno, además de que “se ha ensañado con los sectores populares, pone en peligro a España” porque podría iniciarse un proceso sancionador al no cumplir de manera efectiva las sentencias.