Según informaron las organizaciones en un comunicado conjunto, el objetivo es que establezcan las obligaciones de los agentes inmobiliarios, se defina con claridad la contratación de éstos con los clientes, y se garantice en todo caso una actuación profesional diligente para salvaguarda de los derechos de los ciudadanos.

El presidente del Consejo General API, Diego Galiano, indicó que "con el cambio de ciclo inmobiliario y la normalización del sector, tras ocho años de crisis, es el momento idóneo para que los poderes públicos se involucren en crear un nuevo marco jurídico nacional de la intermediación inmobiliaria que reporte transparencia y seguridad a los consumidores y usuarios, especialmente en materia de vivienda".

Además, señaló que es “inconcebible” que por un lado se defienda la vivienda como bien de primera necesidad, y por otro lado “se permita el descontrol y desorden en el acceso a la misma, con todo tipo de intermediarios que no necesitan acreditar ninguna capacitación”.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, Salvador Díez, explicó que se han analizado también cuestiones como la expedición del certificado que acredita que un determinado propietario está al corriente en los gastos comunitarios, “necesario para la titulación pública de las compraventas de fincas urbanas en régimen de propiedad horizontal”.