Así lo explicó Méndez en declaraciones a Servimedia, después de que este martes la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, saliese en defensa de la gestación subrogada, lo que se conoce popularmente como ‘vientres de alquiler’, porque “ha solucionado los problemas de mucha gente que lo ha pasado muy mal”.

La Ponencia Social, que coordina el vicesecretario Javier Maroto, ha recibido enmiendas a favor y en contra de la maternidad subrogada, por lo que será un asunto que se abordará con los compromisarios en el cónclave nacional que tendrá lugar en Madrid del 10 al 12 de febrero.

El propio Maroto apuntó esta semana que “en el último año en España se han registrado más niños a través de gestación subrogada que por adopción internacional". "Los niños están llegando, se regule o no”, explicó, y precisamente por estar razón consideró oportuno “hablar de los derechos y deberes que esos menores tienen en el país”.

Méndez, Puente, Peral y Sastre piden al resto de compromisarios del PP que aprueben la enmienda para que conste expresamente la prohibición de la práctica de los vientres de alquiler “por ser un atentado a la dignidad de las mujeres, una forma de explotación de las mujeres y que convierte a los niños en mercancía”.

“Creemos que nuestro partido siempre ha defendido la dignidad de la persona y no nos gustaría que se aceptaran enmiendas aprobando los vientres de alquiler, ya que sería un retroceso de los derechos humanos”, sentenció Méndez.

En un comunicado difundido hoy, estos excargos populares denuncian, ante las últimas declaraciones de dirigentes del partido, que la maternidad subrogada hace que los niños se transformen en “un producto de mercado que se encarga, se compra, se vende e incluso se devuelve y se cambia si no satisface al cliente”.

En la mayoría de los casos, explican, esta práctica es “un atentado a la dignidad de mujeres desfavorecidas de países pobres por parte de personas con recursos de países ricos” y una “fuente de explotación, abuso y tráfico de personas y no sólo en países en desarrollo”.

“La maternidad de alquiler produce secuelas psicológicas en la mujer”, sostienen, al tiempo que recalcan que con ello se vulneran también “una multitud de normas y disposiciones de la Unión Europea sobre dignidad humana, adopción, protección de la mujer y del niño y sobre tráfico de personas”.

El texto de la Ponencia, al que tuvo acceso Servimedia, reclama que el PP asuma que “los contratos de vientres de alquiler deben seguir estando prohibidos en España”.

En la justificación que acompaña el texto de la enmienda recuerdan que el Consejo de Europa “ya se hizo en 2012 una declaración escrita condenando la subrogación”. Además, hacen hincapié en que “en España la Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida (LTRHA) prohíbe los contratos de los vientres de alquiler en España”.