Garrido indicó que esta decisión supondrá que la Comunidad de Madrid asumirá ese coste, equivalente al 100% de la cuantía repercutida a esta vivienda, mediante el mecanismo establecido en el proyecto normativo, lo que supondrá un coste aproximado para la Administración regional de 6,5 millones de euros.

Informó de que el Consejo de Gobierno solicita que el Parlamento regional dé luz verde por el procedimiento de urgencia al mecanismo compensatorio de la repercusión del IBI a los arrendatarios de las 23.000 viviendas de la Agencia, de forma que no tendrán que soportar la repercusión del impuesto.

Asimismo, señaló que el proyecto incluye la compensación que la Agencia de Vivienda Social realizará de este impuesto a cada uno de los arrendatarios de sus pisos, evitando así ahondar en las dificultades económicas que atraviesan muchas de estas personas.

"Repercutir el IBI a los inquilinos supondría un incremento de entre un 22% y un 1.022% en las cuotas mensuales de sus rentas", destacó Garrido, que explicó que en 2016 se ha abonado un importe de 6,5 millones de euros, de los cuales 4,5 corresponden al IBI de Madrid capital y casi dos millones de euros al resto de municipios de la región.