El diputado Carles Campuzano explicó en los pasillos del Congreso de los Diputados que esa sentencia da la razón a la Generalitat porque el Estado tiene la competencia para habilitar esas subvenciones pero la gestión de las mismas "debe ser autonómica".

Creen que "no puede haber excusas" para que el Gobierno aplique esa sentencia aunque precisan que no reclamarán su ejecución al Tribunal Constitucional porque están en contra de la reforma legal que permitió a ese órgano ejecutar sus propias sentencias.