La compañía, junto con su socio peruano Graña y Montero en la construcción del gasoducto de Perú (GSP), han constatado que el cierre financiero del proyecto no ocurrirá antes de la fecha prevista del 23 de enero 2017. “Esta circunstancia podrá dar lugar a la terminación de la concesión”, señalan.

Enagás explica que según establece el contrato de concesión, sujeto a derecho peruano, en caso de terminación de la misma “el concedente deberá proceder a subastar la concesión”.

Con la suma que se obtenga en la subasta el concedente abonará a GSP hasta un máximo del Valor Neto Contable de los bienes de la concesión, deducidos los gastos incurridos en el proceso de subasta. El concedente garantiza como mínimo el 72,25% del Valor Neto Contable de los bienes de la concesión.

Los términos del contrato de concesión y demás acuerdos firmados entre los socios del proyecto permite estimar a día de hoy que en caso de terminación de la concesión, Enagás recuperaría la inversión realizada en el proyecto en un plazo máximo estimado de tres años. Esta estimación se soporta, asimismo, en los análisis realizados para la compañía por asesores externos, tanto jurídicos como financieros.

En este sentido, la compañía comenta que ratifica los objetivos de crecimiento de BDI y de pago de dividendo establecidos en el Outlook 2016-2020.

Enagás indica además que cuenta desde la aparición de actuaciones procesales contra Odebrecht (julio 2015) con un grupo de trabajo que, con la colaboración de asesores externos, se dedica con carácter exclusivo e independiente de la actividad ordinaria de la compañía, a proteger los intereses de la sociedad en el proyecto GSP.