Esta nueva herramienta fue presentada en rueda de prensa por Lesmes, quien destacó que es fruto del empeño del Consejo y de un trabajo que se ha prolongado a lo largo de año y medio, que permitirá a los ciudadanos conocer la acción de la justicia contra la corrupción.

El presidente del CGPJ insistió en que la corrupción es una “seria amenaza a los principios de convivencia democrática y al Estado de Derecho, socava la credibilidad de las instituciones, cercena su legitimación social y atenta contra la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes”, por lo que “si no se ataja de manera contundente, puede poner en peligro el desarrollo de nuestra sociedad”.

Lesmes destacó que los jueces luchan la corrupción en condiciones “no siempre fáciles” y muchas veces bajo acusaciones veladas de “falta de imparcialidad” frente a las cuales, dijo, el Poder Judicial, “actúa en cada caso concreto”.

Según el repositorio presentado, los juzgados y tribunales han dictado auto de apertura de juicio oral o de procedimiento abreviado contra 1.378 personas en un total de 166 por delitos de corrupción. De esos acusados, 1.174 fueron españoles

CORRUPCIÓN PÚBLICA

El repositorio puede consultarse desde hoy en el Portal de Transparencia del Consejo General del Poder Judicial ubicado en la web 'www.poderjudicial.es en el siguiente enlace: www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobre-procesos-por-corrupcion/'.

El repositorio, que se centra en los casos de corrupción pública, arranca con la información de los cinco trimestres comprendidos entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016. Y se actualizará trimestralmente.

Los procedimientos judiciales cuyos datos se recogen tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política. Se centran en los delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y la corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

Además de esta información, la web del CGPJ ofrece la del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia, sobre condenados por sentencia firme por delitos de corrupción; y la de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarios del Ministerio del Interior y la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre las personas –tanto penados como en situación de prisión preventiva- sometidas a régimen penitenciario por este tipo de delitos.

CORRUPCIÓN EN CIFRAS

Los datos del repositorio indican que, entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, los juzgados y tribunales españoles dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento por delitos relacionados con la corrupción contra 1.378 personas. De ellos, 1.060 eran hombres y 318 mujeres. Además, 1.174 eran españoles, 34 de Estados miembros de la Unión Europea y 170 extracomunitarios.

De las 99 sentencias dictadas en procedimientos por delitos de corrupción en los cinco trimestres estudiados, 72 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 72,7 por ciento del total. La información ofrecida detalla tambié, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias.

La suma de los cinco trimestres que recoge la base de datos es de 399 personas condenadas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia. Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, los de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística –es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico- y malversación.

Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.

En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario como penados o en situación de prisión preventiva, tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de enero de este año había en el conjunto de España 82 penados, en 47 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 25 con el de cohecho, y cinco preventivos.

Según los datos volcados, el mayor número de personas acusadas o procesadas están en Cataluña (303), Andalucía (153), Madrid (145), Canarias (105), Cantabria (100), Baleares (70), Asturias (68) y Comunidad Valenciana con 51. Ya a distancia se encuentran el País Vasco (28), Castilla-La Mancha (24), Galicia (20), La Rioja (14), Castilla y León (9) y Aragón con 7.

TRIMESTRAL

Según informó el CGPJ, la información, que será de acceso público en la web 'www.poderjudicial.es' y se actualizará trimestralmente, permitirá que los ciudadanos conozcan la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores, como el número de personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, población reclusa, etc.

Los datos procederán de los boletines estadísticos que cumplimentan los letrados de la Administración de Justicia de los órganos judiciales, el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña.

Al acto asistieron representantes de estos organismos, así como vocales del CGPJ, el vicepresidente y miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, presidentes de tribunales superiores de Justicia, el presidente y jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional y miembros de la Fiscalía, entre otros.