En octubre de 2014 y junio de 2013, la Comisión adoptó dos decisiones en las que concluía que las ayudas estatales concedidas por España para subvencionar la transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre (TDT) en lugares remotos de Castilla-La Mancha y del resto de España, respectivamente, eran incompatibles con las normas de la Unión sobre ayudas estatales.

De conformidad con el principio de neutralidad tecnológica, la financiación pública deberá concederse a todas las plataformas de transmisión (terrestre, por satélite, por cable o a través de Internet) sin discriminación alguna.

A juicio de la Comisión, las medidas tomadas por las autoridades españolas únicamente beneficiaban a la tecnología digital terrestre, infringiendo este principio. También implicaban una discriminación entre distintos operadores terrestres. Como consecuencia de ello, algunos operadores terrestres recibieron una ventaja selectiva sobre sus competidores. Las restricciones pueden haber privado a los consumidores de algunos posibles beneficios, por ejemplo unas mayores posibilidades de elección y unos precios más bajos. Las decisiones de la Comisión, por lo tanto, señalaban que las subvenciones debían ser devueltas a las autoridades españolas correspondientes.

"FALSEAMIENTO DE COMPETENCIA"

Según informó hoy el Ejecutivo comunitario en un comunicado, más de tres años y medio después de la primera decisión y más de dos años después de la segunda, las autoridades españolas solamente han recuperado una pequeña parte de las ayudas (aproximadamente el 2 % de la cantidad estimada en la primera decisión y nada con respecto a la segunda). Además, España sigue pagando por el funcionamiento y mantenimiento de partes de la red de TDT, en incumplimiento de las decisiones.

"Como consecuencia del retraso en la aplicación de las decisiones, el falseamiento de la competencia en el mercado correspondiente no se ha detenido", señala el Gobierno de la UE, que se declara "especialmente preocupado" por la continuación del pago de subvenciones ilegales en detrimento de otros operadores. Por eso, la Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia, en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Contexto

En 2015, el Tribunal General de la UE rechazó los siete recursos de anulación interpuestos contra la decisión de la Comisión de 2013 y el pasado 15 de diciembre de 2016, el Tribunal General también rechazó los recursos de anulación interpuestos contra la Decisión de 2014, confirmando lo dispuesto por la Comisión en ese asunto.

En cualquier caso, la obligación de aplicar las dos decisiones de la Comisión que corresponde a las autoridades españolas no se interrumpe por los recursos de anulación contra ellas. España sigue estando obligada a recuperar las ayudas incompatibles y a suspender todos los pagos en curso correspondientes a dichas ayudas.

Como parte del proceso de recuperación, la Comisión entabla un diálogo con las autoridades nacionales para establecer la cantidad exacta que es preciso recuperar. En su Decisión de 2013, la Comisión concluyó que las ayudas concedidas ascendían a 260 millones de euros. Hasta la fecha solo se han recuperado 5,5 millones de euros. De los 43,8 millones adeudados en virtud de la Decisión de 2014, aún no se ha recuperado nada.