Recordó que “nuestro ordenamiento jurídico prohíbe las devoluciones sin realizar un procedimiento individualizado que garantice, entre otros derechos, la asistencia letrada”.

En un comunicado reiteró también que “todo procedimiento de devolución o de rechazo debe respetar la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional aplicada en España, y en consecuencia, seguir el ‘principio de no devolución’. La ausencia de procedimientos individuales impide identificar situaciones de vulnerabilidad, como menores, víctimas de trata, o solicitantes de protección internacional”.

Para el Consejo, “resulta inexplicable que, pese a las reiteradas advertencias realizadas por el Consejo de Europa a lo largo de 2016 en relación a este tipo de prácticas, se sigan cometiendo irregularidades ya denunciadas”, por lo que muestra su preocupación por “todas las personas que sufrieron lesiones y fueron expulsadas a Marruecos, donde se desconoce si han recibido la atención médica necesaria”, y exige “el cese inmediato de este tipo de prácticas que conculcan derechos fundamentales de las personas”.