Las condiciones de prestación serán las mismas que en el contrato entre la Administración General del Estado y Renfe-Operadora para 2016.

Según el Ejecutivo, mediante este contrato se garantiza el derecho a la movilidad de los ciudadanos y la vertebración territorial con los mayores estándares de seguridad y calidad.

Asimismo, destaca que se asegura también un nivel de frecuencia adecuado, estableciéndose en el mismo compromiso de puntualidad, confort y limpieza de los servicios.