Sin embargo, la Junta de Castilla y León ha conseguido que el departamento dirigido por Isabel García Tejerina autorice su utilización “por vía de excepcionalidad, lo que supone continuar y profundizar en el grave deterioro y desequilibrio en los sistemas agrícolas afectados”, según el Programa Antídoto.

Este programa está formado por WWF España, SEO/BirdLife, el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas), la Fundación Oso Pardo (FOP), la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), el Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (Grefa), Ecologistas en Acción, la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (Secem) y la Asociación Veterinaria para la Atención a la Fauna Exótica y Silvestre (Avafes Canarias).

La bromadiolona, afirman estas asociaciones, es un veneno rodenticida muy persistente en el medio natural, ya que su concentración en el organismo de un roedor sólo se reduce a la mitad 318 días después de su ingesta, lo que, según el Programa Antídoto, “ocasiona una cadena de envenenamientos en los depredadores de roedores, como es el caso del milano real, especie catalogada como ‘en peligro’ y cuya principal población invernante mundial se encuentra en Castilla y León”.

De hecho, las ONG afirman que se ha comprobado “una notable disminución” de las poblaciones reproductoras de milano real en zonas tratadas con rodenticidas, mientras que en las comarcas donde no se ha empleado veneno en el pasado, los efectivos crecen.

El Programa Antídoto recalcó a los consejeros de Agricultura y Ganadería y de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León que “buena parte de los problemas actuales con los roedores agrícolas podrían solucionarse con técnicas alternativas”.

“Sin embargo, estas medidas apenas se están aplicando, ni se ha dado prioridad a la lucha biológica, es decir, a fomentar los predadores naturales de los roedores y los hábitats de estos predadores para hacer sus poblaciones más estables y abundantes, ni se están utilizando técnicas de manejo de cultivos como el labrado de las alfalfas que superen los umbrales de riesgo y otras”, explicaron las ONG.

Además, las organizaciones apuntaron que la normativa impone que para que puedan emplearse los rodenticidas es preciso que se hayan puesto en marcha otras medidas no químicas y han de haberse superado los umbrales poblacionales de tratamiento, y señalaron que la Consejería de Agricultura y Ganadería “no ha contestado” a las peticiones de información en este sentido.

Por último, el Programa Antídoto indicó que las poblaciones de topillos decayeron igualmente y en idénticos periodos de tiempo en las zonas tratadas con rodenticidas que en las que no durante la plaga de 2007, lo que se repitió al menos en 2011 y 2014.