De la Serna, que compareció en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, incidió en que es "necesario" analizar "nuevos instrumentos normativos". El objetivo de estas nuevas medidas sería que las quiebras de infraestructuras por falta de rentabilidad "repercuta lo menos posible en las administraciones públicas y por tanto en los ciudadanos".

Así, avanzó que habrá que adoptar medidas, como pueden ser la opción de "recursos de lesividad" si considera que las expropiaciones son "elevadas" en relación con los justiprecios fijados.

Además, apostó por mejorar los mecanismos, no sólo en los propios pliegos de licitación, avanzando en la modificación de la Ley de Contratos "para endurecer las cuestiones vinculadas con el riesgo".

Previamente, el ministro reconoció que es “difícil” calcular el coste que supondrá para el Estado el ‘rescate’ de las autopistas de peaje en quiebra, y que es algo que “tendrá que fijarse con posteridad al proceso de liquidación” de las mismas, algo que prevé “será objetivo de litigio” en los tribunales.

De la Serna indicó que la cuantía dependerá de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que el Estado tenga que asumir por las inversiones realizadas por parte de las empresas concesionarias, algo que es “complejo” de calcular.

La patronal de grandes constructoras Seopan cifró en 5.500 millones de euros el coste para el Estado por la quiebra de las autopistas de peaje, aunque recientes informaciones apuntan a que la cifra rondaría los 2.100 millones.

De la Serna subrayó que “es un procedimiento judicial, no existe decisión política, sino que estamos sometidos a la situación en que se encuentran estas autopistas, que están ya en un proceso de liquidación”.

Por lo tanto, agregó, “el Gobierno lo que tiene que garantizar es, defendiendo el interés general de los ciudadanos, que puedan abrirse al día siguiente en un proceso que es inevitable”.

El ministro subrayó que, se “llegue o no a un acuerdo con los actuales propietarios” de estas autopistas, “lo que tenemos que hacer es trabajar para que la afección al conjunto de los ciudadanos sea el mínimo posible”. En todo caso, reconoció que es “francamente difícil llegar a un acuerdo”.

Las ocho concesiones en concurso de acreedores son las Radiales de Madrid 2, 3, 4 y 5, la M-12, la AP-41, la AP-36 y dos tramos de la AP-7 (Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante).

Según el ministro, está previsto que el 1 de julio de 2017 el Estado se haga cargo de la gestión de las radiales 3 y 5, mientras que el en el resto aún se está a la espera de que se presenten los planes de liquidación de las sociedades concesionarias.