Los diputados esgrimían en su recurso, por un lado, los artículos de la Constitución que establecen que los parlamentarios no estarán sujetos a un "mandato imperativo" de su grupo como el que impuso el PSOE al decidir abstenerse en la investidura de Rajoy.

Por otro lado, sostenían que la sanción se basa en un supuesto informe redactado por el presidente del Comité de Disciplina del grupo, Luis Carlos Sahuquillo, que no se les remitió, lo que les deja en una situación de indefensión.

En tercer lugar, apelaban al artículo 33 del reglamento del grupo y la libertad de voto por cuestiones de conciencia que prevé. Y en cuarto, aprovechando precisamente la contestación del grupo a esta alegación en su primer recurso contra el expediente, que no cabe esa posibilidad cuando no es el pleno del grupo sino el Comité Federal el que decide el sentido del voto, los diputados concluyen que, entonces, ellos no han contravenido la decisión del grupo, que es al que le compete establecer las sanciones económicas.

En las cuestiones de fondo, los diputados incorporaron un nuevo argumento, que consistía en que el reglamento del grupo parlamentario contempla como primera orientación a los diputados el "cumplimiento del programa electoral" del PSOE, que argumentan que es lo que hicieron al votar no en la investidura de Rajoy.