Zapatero, presidente del Gobierno que aprobó la ley, cerró un acto que se inició con un minuto de silencio por las tres últimas víctimas de violencia de género en España a petición del portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando.

El expresidente empezó subrayando que “recordar esta ley es recordar los valores más hondos de la sociedad española” y que “identifica mucho de una manera muy clara” al PSOE.

ACTITUD CONSTRUCTIVA

Asimismo, quiso hacer un homenaje a todas las organizaciones de la discapacidad, comenzando por el Cermi, que “han hecho una ejemplar tarea para que la sociedad reconozca la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad”, con “una actitud siempre constructiva”, basada en el “paso a paso” en las conquistas. Del Cermi en particular dijo que fue decisivo para que el PSOE adoptara el compromiso de esta ley en el programa electoral de 2004.

Zapatero destacó que, “a pesar del frenazo que se ha dado en el desarrollo de la ley y de la escasa voluntad de algunos” por llevarlo a cabo, en obvia referencia al Gobierno del PP, hoy hay 856.452 personas incluidas en el Sistema de Dependencia. Y lanzó una petición concreta y “con insistencia” al actual Ejecutivo: que ahora que lo peor de la crisis ha pasado y “con objetividad hay una recuperación económica y un horizonte mejor”, el Gobierno “debe hacer un nuevo esfuerzo a la financiación de la dependencia”.

El expresidente se congratuló de la defensa “a ultranza” que ha visto de la ley en sus sucesores al frente del PSOE, “tanto con Alfredo (Pérez Rubalcaba) como con Pedro (Sánchez)”, agradeció que las familias de personas con dependencia sigan diciéndole que “una ley como esta justifica una legislatura”, pues ya “nadie se atrevería a dudar de que (la asistencia) es un derecho universal, subjetivo y exigible”, y terminó haciendo bandera del “patriotismo social”, que consiste en “que aquéllos a quienes el destino no ha acompañado sepan que van a tener a su país acompañándoles”.

LISTA DE ESPERA

Zapatero pidió al Grupo Socialista que lleve al Congreso a las decenas de miles de personas dependendientes que están en lista de espera, llamó la atención sobre el problema del paro en el colectivo, que asciende al 80% de las personas con discapacidad, cuando la inserción laboral es “la fuente principal de autonomía”, y quiso mencionar también la ley que regula la lengua de signos y la comunicación oral de las personas sordas, que considera otro símbolo del “país por el que merece la pena luchar".

Antes que Zapatero, Hernando dijo que la Ley de Dependencia es “una de las leyes que muestran cómo quieren ser un gobierno y un país”; el ministro de Asuntos Sociales del Gobierno de Zapatero, Jesús Caldera, puso énfasis en que la norma, además de garantizar el modelo de asistencia, crea mucho empleo en el sector; la secretaria de Estado de Bienestar Social del Gobierno de Zapatero, Matilde Valentín, proclamó que la norma “marcó una revolución” y criticó que los gobiernos del PP “meten la tijera por el eslabón más débil de la sociedad para cuadrar sus cuentas”, haciendo una “voladura controlada de una ley que había apoyado a regañadientes pero en la que no creía”; y la ponente de la norma y aún diputada, Marisol Pérez, destacó que la nueva aritmética parlamentaria puede lograr que la dependencia tenga una buena financiación.

REVITALIZAR LA LEY

Aparte de los socialistas, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, reconoció en la ley “un logro de gobierno y de partido”, una muestra del “patriotismo social” de Zapatero, porque “es de justicia decirlo”, pero subrayó que ante todo es “un logro de país”, un “hito” por considerar la autonomía personal un derecho subjetivo, que puso a las personas con discapacidad en el centro de la agenda política, lejos de cuando quedaban “en zonas de sombra en los apeaderos de la Historia”.

Pérez Bueno también criticó tácitamente a los gobiernos del PP porque “lo difícil” de la ley era “gestarla y ponerla en marcha” y luego “se ha fallado en lo presumiblemente más fácil: desplegarla y cumplirla”, puesto que se llegó al final de los plazos previstos en una ley diseñada para su desarrollo “gradual”, y al cumplirse todavía “no está”. Reconoció a este respecto la influencia de la crisis económica, pero puntualizó que “tambien depende de la voluntad política”.

El presidente del Cermi diagnosticó que “la ley ha estado en la UVI”, pero “no está muerta”, porque es “un logro irreversible” y es “perfectamente recuperable en su total potencialidad”. Por tanto, para él el reto ahora es “revitalizarla”.