Los presidentes de la AVT y de Dignidad y Justicia, Juan Antonio García Casquero y Daniel Portero, respectivamente, se pronunciaron sobre este asunto en una rueda de prensa en Madrid, en la que explicaron por qué no recurrirán la sentencia absolutoria del “caso ‘Egunkaria’”.

Portero criticó el intento de Caamaño y Pumpido de “defenestrar” la acción popular, a pesar de que ha permitido a las víctimas de ETA estar presentes en numerosos procesos sobre la banda terrorista, en alguno de los cuales no acusaba la Fiscalía.

A este respecto, Portero rechazó que las acusaciones populares sean “fiscalías paralelas”, como sostuvo el fiscal general del Estado, que se quejó hace unas semanas de que, por ejemplo, el juez Baltasar Garzón pueda ser investigado por prevaricación sin que le acuse el fiscal, ya que sólo actúan contra colectivos como el sindicato Manos Limpias.

Asimismo, el responsable de Dignidad y Justicia dijo que las acusaciones populares dan “transparencia” y ayudan a “la salud de la democracia”. Añadió que esta figura procesal representa a la ciudadanía y sin recibir dinero de la misma para personarse en los procesos.

“Esto lo hacemos por nuestros muertos”, aseguró Portero, quien añadió que las acusaciones populares no politizan la Justicia, sino que ayudan a que no exista contaminación “política y jerárquica” de los tribunales.