Este acuerdo, que contempla que el contrato tenga un plazo de duración de dos años, con una prórroga máxima de seis meses, se encuadra dentro del proceso de contratación centralizada de bienes y servicios en el sector público, desarrollado en los últimos años por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

Su aplicación es obligatoria para la Administración General del Estado, incluyendo a sus organismos autónomos, entidades gestoras de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales.

El Ejecutivo estima un ahorro medio del 16% sobre el precio normal de mercado, que incluso puede llegar hasta un 30%, sobre todo, en las compras agregadas en segundas licitaciones.

El nuevo Acuerdo Marco se divide en nueve lotes, que agrupan categorías homogéneas de bienes. Esta división se adapta, por una parte, a la aparición de nuevos segmentos de productos en un sector en constante evolución y, por otra, pretende dar satisfacción a todos los posibles usuarios, desde el personal que efectúa trabajos de oficina, al que necesita desplazarse y precisa equipos con movilidad o el personal investigador que necesita equipos de altas prestaciones.

En el Acuerdo Marco se prevé una primera fase de selección de productos y empresas adjudicatarias para cada uno de los lotes y una segunda fase en la que cada órgano u organismo, salvo para compras de pequeña cuantía, celebra una segunda licitación para adquirir los bienes que precise.

Los pliegos del Acuerdo Marco homogeneizan las características técnicas de los productos y optimizan los plazos máximos de entrega (quince o treinta días máximo en función del precio del contrato), así como de las garantías, por lo que el criterio fundamental a tener en cuenta para adjudicar los contratos, tanto en la primera, como, en su caso, en las segundas licitaciones, será el precio.