"La pasividad del Ejecutivo, que aún no ha contestado ni citado a los reclamantes para escuchar su posición, contrasta con la disposición a rescatar a las concesionarias de autopistas, que tendrá un coste para las arcas públicas de 5.000 millones de euros", indicaron en un comunicado.

El Gobierno "rescata a grandes empresas privadas e ignora una petición razonable de miles de jóvenes que se han dedicado a mejorar su formación académica y que sufren las consecuencias de la crisis económica y la precariedad laboral", agregan.

Los afectados aseguran que ligados en un principio a la obtención de una renta futura, en años sucesivos las condiciones de los préstamos fueron deteriorándose y se eliminó el umbral mínimo de renta que en un principio eximía de su devolución, sin que el Ministerio de Educación y los bancos colaboradores informaran del alcance real de este hecho.

En la actualidad, algunos se encuentran en una situación de paro o precariedad laboral que les impide devolver los préstamos. Desde la plataforma señalan que muchos de estos jóvenes "han tenido que emigrar de España, algunos incluso tienen hijos que sacar adelante y otros padecen enfermedades relacionadas con su situación de angustia personal por este motivo".