Así lo reclamó la diputada socialista Guadalupe Martín en una interpelación formulada en el Congreso a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.

“Hay 3,2 millones de personas pobres en nuestro país. No queremos que existan ciudadanos pobres en una sociedad con crecimiento económico sostenido. Queremos que ese crecimiento económico sea para todos”, insistió la diputada.

Ese ingreso mínimo, en su opinión, debe ser “pactado por todos, con dotación presupuestaria suficiente, homogéneo, que no discrimine a los ciudadanos en función de su lugar de residencia, que permita a los profesionales de servicios sociales ejercer su trabajo, y sirva para salir de la espiral crónica de la pobreza”.

Además, esa ayuda debe estar especialmente enfocada “a las personas con vulnerabilidad extrema, a los que han agotado las prestaciones, a familias con menores en esas cifras vergonzantes de pobreza infantil, a quienes se han visto expulsados de todos los recursos, a las personas sin hogar, a quienes pierden su casa y a quienes sufren pobreza energética”.