Rubalcaba insistió en que a los 58 años los agentes están en "condiciones óptimas para seguir trabajando" y "acumulan una experiencia de la que no es razonable ni sensato prescindir".

En consecuencia, dijo, la reforma es "buena para los guardias y buena para la Guardia Civil en su conjunto", porque permitirá un "mejor aprovechamiento de nuestros recursos humanos" y subsanar parte de la escasez de efectivos que provoca la falta de incorporación de nuevos agentes.

Todos los grupos de la Cámara apoyaron la convalidación, a excepción del PP, que explicitó durante el debate su intención de abstenerse, por considerar que esta modificación no solucionará la carencia de efectivos.

Ignacio Cosidó, en nombre de los populares, fue el más crítico con el real decreto del Gobierno. "Pensar que este real decreto va a solucionar el problema de los efectivos en la Guardia Civil es tanto como pensar que la Ley de Economía Sostenible va a sacar a España de la crisis", indicó.

Además, el PP quiere que estos cambios se tramiten a través de un proyecto de ley que permita a los distintos grupos parlamentarios hacer sus aportaciones y "evitar los perjuicios que se va a infligir a la Guardia Civil" con esta "pequeña chapucilla".

El portavoz del Grupo ERC-IU-ICV, Gaspar Llamazares, hizo una traslación de esta medida al debate que se está llevando a cabo en el seno del Pacto de Toledo sobre el retraso en la edad de jubilación y pidió que, al igual que se hace con la Guardia Civil, esta medida tenga carácter voluntario.

Emilio Olabarría, del PNV, afirmó que el real decreto "nos parece correcto y pertinente". También CiU, representada por Mercè Pigem, apoyó un texto que llegó a la Cámara Baja sin polémica alguna, que da "respuesta a la demanda" de numerosos miembros de la Guardia Civil y que, además, es voluntaria, y por tanto no rebaja derechos, manifestó.