"El verdadero escándalo es que Inditex no está haciendo nada ilegal. Lo que la compañía hace es aprovecharse de la competencia fiscal agresiva entre países de la UE, que permite a grandes empresas crear estructuras fiscales a su medida, con el único fin de reducir al mínimo su contribución fiscal”, indicó Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón.

Ruiz señaló que los gobiernos y las instituciones internacionales “tienen la última palabra a la hora de proponer soluciones para atajar la elusión fiscal”, y que la UE debe poner en marcha “diversas medidas que promuevan una hoja de ruta hacia una mayor coordinación y armonización fiscal”, así como plantear “una definición exigente de paraísos fiscales que permita elaborar una lista negra objetiva sin injerencias políticas”.

“Algunas de las prácticas desveladas en el informe son similares a las llevadas a cabo por otras empresas ya conocidas en recientes escándalos mediáticos, como Apple, Ikea o BASF. Las medidas que recoge actualmente la agenda europea son insuficientes para lograr que grandes multinacionales paguen lo que les corresponde donde les corresponde”, añadió.

NUEVA LEY EN ESPAÑA

Por otro lado, Ruiz comentó que “no todo se juega fuera” porque “en España hay un margen de mejora sustancial”, por lo que consideró “vital” poner en marcha un plan de acción urgente contra la evasión fiscal. “Las reformas anunciadas por el Gobierno el viernes pasado son un primer paso tibio para deshacer privilegios acordados anteriormente de los que se han beneficiado principalmente grandes empresas, pero esta medida reactiva se queda muy corta frente al descalabro en la recaudación del Impuesto de Sociedades, prácticamente un 50% por debajo de la recaudación previa a la crisis”, explicó.

En este sentido, propuso que el Gobierno desarrolle una Ley contra la Evasión y Elusión Fiscal con el fin de “recuperar mayor equidad en el sistema tributario español al cerrar todos los resquicios de la elusión fiscal, deshacer privilegios, incrementar la transparencia y la rendición de cuentas, dotar de recursos urgentes a la administración, impulsar una contratación pública fiscalmente más justa y, de manera urgente, revisar la definición de los paraísos fiscales”.