La proposición, que ha sido presentada como una medida para combatir "el incremento del intrusismo y la piratería en el transporte público de viajeros”, es para la CTAE un ejemplo de “postureo político”, ya que supone un cambio muy complicado de llevar a cabo y no soluciona el problema que entrañan las múltiples plataformas tecnológicas que, según la confederación, realizan en muchos casos de forma “ilegal” actividades de transporte.

Asimismo, asegura que lo que se requieren son "medidas reales de control contra el intrusismo, como una mayor vigilancia con cuerpos especializados y sanciones más duras para los que incumplan la ley”.

Así, la CTAE considera que éste es un debate estéril que no favorece al colectivo del taxi, ya que homogeneiza un servicio público suficientemente identificado como es el del taxi con los vehículos de transporte VTC que no pueden realizar el mismo servicio según la normativa del transporte.

Asimismo, señala que la puesta en marcha de esta medida implicaría, además, modificar el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, que ya otorga este distintivo azul a las organizaciones internacionales, por lo que habría que homogeneizar esta directiva a nivel mundial.