Según informó el Instituto Armado, en el marco de la ‘operación Scalibur’ se ha procedido a la detención de siete personas y se han realizado seis registros domiciliarios, donde se ha intervenido 13 vehículos, multitud de joyas y dinero en efectivo y se han bloqueado varios bienes inmuebles.

Hasta el momento hay más de 150 personas perjudicadas por la actuación de la trama y no se descarta que el número de afectados pueda llegar a 300.

Los arrestados tienen entre 28 y 52 años y son de nacionalidades española, armenia y rumana. Se les atribuyen los supuestos delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, insolvencia punible, contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal.

En la operación se han realizado seis registros domiciliarios en las localidades valencianas de Alzira, Gandía y Llauri, donde se han intervenido 13 vehículos, multitud de joyas y dinero en efectivo y se han bloqueado varios bienes inmuebles. Todo lo incautado podría tener un valor cercano a un millón de euros.

PRECIO SUPERIOR AL DEL MERCADO

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de febrero, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que varias personas habían sido víctimas de estafas en relación con la venta de naranjas. Las pesquisas permitieron identificar a un grupo de personas que podría estar dedicándose a la compraventa fraudulenta de esta fruta.

Fruto de estas investigaciones fue descubierto un entramado de empresas que estaba realizando contratos fraudulentos con agricultores dedicados al cultivo de cítricos con la intención de estafarles.

El cabecilla de la organización conseguía, mediante otro integrante de la organización (corredor de naranjas), la adquisición de numerosos campos de naranjas durante la campaña agrícola para ponerlas a la venta a un precio superior al del mercado.

Posteriormente, mediante un entramado empresarial la organización ocultaba los beneficios obtenidos de la venta de naranjas y dejaba a dichas empresas en situación de insolvencia mediante concurso de acreedores. Conseguían así no ser detectados cuando estas sociedades eran denunciadas por impagos.