Así lo pusieron de manifiesto en el acto celebrado en Madrid para presentar la campaña '#NoMásCortesdeLuz' que impulsan más de una veintena de organizaciones ecologistas, de consumidores, sindicales y diferentes plataformas representativas de la sociedad civil y algunos partidos.

El portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, criticó las declaraciones del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, en las que aseguró que la prevención de cortes de suministros básicos en casos de pobreza es una competencia autonómica, ya que Sánchez dijo que se trata de "un problema real y de competencia estatal".

Destacó que esta iniciativa "es un llamamiento a los ciudadanos y al conjunto de fuerzas políticas" para que éstas últimas "sean las encargadas de acabar con la pobreza energética y con las tarifas abusivas que sufren los consumidores".

Asimismo, indicó que lo más urgente que quieren conseguir con esta campaña es "prohibir los cortes de suministro a familias con problemas económicos", un problema que aseguró provoca "más muertes que los accidentes de tráfico".

Según datos facilitados por el representante de Facua, el año pasado hubo 650.000 cortes de suministro eléctrico, un hecho que "según el ministro ocurre porque la gente se olvida de pagar el recibo" pero Sánchez afirmó que la realidad es que, "de esa cifra, 80.000 personas no se olvidó sino que no lo podían pagar".

Por ello, dijo que el objetivo principal de esta iniciativa es "cambiar la legislación eléctrica". "Le pedimos al ministro Nadal que se reúna con estas organizaciones y no solo con las compañías eléctricas", añadió.

Por su parte, el coordinador de Ecologistas en Acción, Paco Segura, insistió en que la campaña "quiere acabar con la pobreza energética y conseguir un cambio en las administraciones ya que éstas no han tomado ninguna medida eficaz".

El representante de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Julio Campo, animó al Gobierno a realizar "una auditoría en la reforma eléctrica para equilibrar los costes e ingresos del sistema eléctrico y no basarse en lo que hacen ahora, en cifras infladas que autodeclaran las eléctricas".

Proponen, entre otras medidas, aplicar el IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% al 4%; crear una "auténtica" tarifa social, y poner elementos regulatorios en la factura de electricidad porque "no es justo que se pague una luz tan cara a un mercado que especula y que gana más de 5.000 millones de euros al año".