Esta reforma prevé en su artículo 305 bis el decomiso y la venta de los vehículos utilizados al cometer cualquier delito relacionado con la seguridad vial, salvo que el coche pertenezca a un tercero.

Hasta ahora, esta medida sólo estaba prevista para los "conductores kamikazes", en el artículo 381 del Código Penal, pero AEA consideró "desproporcionado" que se amplíe a "los casos en los que no haya ningún resultado lesivo ni existan antecedentes".

AEA vio "más adecuada" la figura del depósito para los casos de exceso de velocidad, alcohol o conducir sin carné, ya que permite recuperar el vehículo "una vez que el automovilista ha pagado su deuda con la sociedad".

Por otro lado, AEA valoró que la reforma del Código Penal incluya la obligatoriedad de someterse a las pruebas de detección de drogas mediante tests de saliva. En caso de que el conductor se niegue a la prueba se le acusaría de un delito contra la seguridad del tráfico, castigado con seis meses a un año de prisión y la prohibición de conducir entre uno y cuatro años.