En este sentido, Rubio afirmó que “existe un problema grave de dejación por parte de la Administración” y reclamó inspecciones sobre el terreno. Además, denunció casos en los que titulados de una formación profesional no homologada se extralimitan y realizan actos médicos incluso en establecimientos municipales.

Del mismo modo, Esther Fontán, presidenta de la Asociación de Afectados de Intrusismo Médico-Sanitario, denunció la victimización doble que sufren los pacientes debido a un sistema que no funciona bien porque “la Administración mira hacia otro lado” y a las consecuencias de someterse a un tratamiento con falsos profesionales. Fontán explicó como debido a un intruso al que visitó por recomendación de un médico traumatólogo sufre en la actualidad una lesión medular.

Para luchar contra el intrusismo, Fontán reclamó una actuación conjunta de todas las profesiones sanitarias mediante una comisión transversal que trate asuntos económicos, educativos, legales y sanitarios, ya que “la Administración trata el problema por compartimentos estanco” y consideró que “por sí mismo, un ciudadano no va a denunciar por intrusismo”.

Por su parte, José Antonio Martín, decano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, indicó que “los fisioterapeutas sufren de manera más abusiva el intrusismo” y dijo que la legislación de la Comunidad de Madrid es “muy laxa” y la “profesión es muy golosa”. Martín señaló que” la capacidad de inspección de los funcionarios es limitada” y “el Código Penal es muy permisivo”.

Asimismo, propuso para Madrid replicar el caso de Cataluña donde los colegiados colaboran con los funcionarios en la detección de casos de intrusismo. Martín destacó que el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid ha remitido en lo que va de 2016, 97 notificaciones a la Consejería de Sanidad de casos de intrusismo.

Además, destacó que cuando se trata de una actividad ilegal desempeñada en un centro sanitario se persigue, pudiendo acabar en juicio, pero asegura que “existe una brecha muy grande cuando la actividad se realiza en un establecimiento no registrado como sanitario, de manera que solo se les puede denunciar por publicidad engañosa”.

Sin embargo, la responsable de Área de Autorización de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Consejería de Sanidad de Madrid, Pilar Canivell, explicó que las inspecciones las ha de firmar un funcionario. “Tenemos un plan de inspección de oficio muy importante aunque no vemos todo lo que nos gustaría porque no podemos verlo todo”.

Canivell señaló que el ciudadano puede conocer todas las actuaciones del Área de Autorización de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Consejería de Sanidad de Madrid a través del portal de transparencia.

También explicó que sólo pueden actuar en centros sanitarios registrados y detalló que actualmente se realizan inspecciones a centros de asistencia a la tercera edad, a centros de día de mayores, clínicas podológicas, centros sin autorización o con autorización sanitaria no vigente, centros de interrupción voluntaria del embarazo, centros de anatomía patológica o clínicas dentales.