Ambas organizaciones lamentaron que la Fiscalía General del Estado, a través de una orden interna, rehúse auxiliar a las autoridades argentinas en el marco de la causa que investiga los crímenes de derecho internacional perpetrados durante esos años, al pedir a los fiscales que se opongan a colaborar con la justicia argentina.

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, señaló este miércoles en una rueda de prensa en Madrid que han transcurrido 12 legislaturas españolas en democracia “sin que decenas de miles de familias hayan tenido acceso a justicia, verdad y reparación”.

Beltrán indicó que Amnistía ha puesto como “prioridad” que en la legislatura actual, con un Gobierno del PP sin mayoría absoluta, se puedan “remover los obstáculos” para investigar esos crímenes, para lo cual reclamó apoyo popular con el fin de que las autoridades perciban “indignación de una parte relevante de la sociedad”.

Para ello, Amnistía Internacional presentó la campaña #JusticiaPorNavidad, con un emotivo anuncio en el que una familia se encuentra en los preparativos para una cena navideña y una niña corre hacia la puerta de la casa para abrir a un familiar, pero se encuentra con que no hay nadie en la calle.

Beltrán lamentó las “acciones deliberadas de los tres poderes del Estado” para que “nunca se investiguen ni dentro ni fuera del país” los casos de crímenes de derecho internacional durante el franquismo y la Guerra Civil, como desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

“JURISDICCIÓN CONCURRENTE, NO PREFERENTE”

Una de esas acciones es una reciente orden interna de la Fiscalía General del Estado para que los fiscales no tomen declaración a las víctimas en la causa abierta en Argentina por los crímenes durante el franquismo.

Ignacio Jovtis, investigador de AI, indicó que los argumentos utilizados por la Fiscalía “son absolutamente contrarios al derecho internacional” cuando se refiere a la jurisdicción preferente de España en estos casos, la prescripción de los delitos, el posible fallecimiento de los presuntos autores, la vigencia de la Ley de Amnistía (de 1977) y la Ley de Memoria Histórica (de 2007).

AI y CIJ se han dirigido a la Fiscalía General del Estado indicando, según Jovtis, que con la investigación de Argentina hay “jurisdicción concurrente, no preferente”; que los delitos sólo prescriben cuando son comunes, no los crímenes de derecho internacional; que la jueza argentina María Servini ha pedido la extradición de 19 personas vivas; que la Ley de Amnistía no puede aplicarse a crímenes de derecho internacional, y que la Ley de Memoria Histórica no suple este tipo de investigaciones judiciales.

Por otro lado, Beltrán pidió al Gobierno español que adopte “medidas inmediatas” para que las víctimas de esos crímenes obtengan verdad, justicia y reparación, y colabore con cualquier procedimiento penal con tribunales extranjeros; al poder judicial que confirme en sus fallos que los crímenes de derecho internacional no están sujetos ni a amnistía ni a prescripción; a la Fiscalía General del Estado que modifique la orden, y a la ciudadanía que exija al Gobierno que investigue esos casos.

Durante la rueda de prensa, expusieron sus testimonios personales Antonio Narváez, cuyos padres desaparecieron en 1936; Felisa Echegoyen, detenida y torturada en 1974, y Soledad Luque, presidenta de la asociación ‘Todos los niños robados son también mis niños’.