Así lo afirmó este martes el economista Gonzalo Delacámara, en una rueda de prensa en Madrid para presentar el III Foro de la Economía del Agua, que se celebrará en la capital de España el próximo jueves con la participación, entre otros, de Gro Harlem Bruntland, enviada especial de las Naciones Unidas para el cambio climático e introductora en la agenda mundial del concepto de “desarrollo sostenible”.

Delacámara, director académico del Foro de la Economía del Agua, destacó la “incapacidad” de España para tratar las aguas residuales y apuntó que un 40% de las redes de alcantarillado tienen más de 40 años.

Señaló que un 25% de las plantas depuradoras están sobredimensionadas, un 21% carece de la capacidad suficiente para atender las necesidades de la población, un 31% no están adecuadamente mantenidas por falta de recursos y un 23% se encuentran obsoletas.

Un ejemplo de plantas sobredimensionadas está en Toledo (con una infraestructura diseñada para tres veces más población a la que sirve) y un caso contrario está en Ibiza, donde hay plantas que “darían para atender las aguas residuales de 140.000 personas y en agosto la población flotante es de medio millón de personas”, con lo que el 63% de las aguas residuales de la isla se vierten al mar sin tratamiento alguno, según Delacámara.

TRES DESAFÍOS

En este sentido, Delacámara apuntó que España debe afrontar “tres desafíos” hídricos, entre ellos que las plantas depuradoras están preparadas para tratar aguas residuales, pero se ven obligadas a tratar con contaminantes procedentes de la agricultura intensiva, para lo que no están preparadas.

Además, indicó que las plantas tampoco suelen estar adaptadas para tratar “los contaminantes orgánicos persistentes”, que son pequeñas trazas que se detectan en el agua de consumo humano, como la cafeína, la cocaína, restos de medicamentos como ibuprofeno o paracetamol, e incluso productos para tratamientos de fertilidad, de los que la UE exige un tratamiento cada vez más exigente.

Y el tercer problema es el tratamiento de aguas pluviales o de tormenta. “Hemos sellado el suelo, lo que es evidente en el Levante. Hemos anulado su capacidad natural de drenaje y aparece en la red de alcantarillado una escorrentía con la que no contabas, con contaminantes atmosféricos para los que no estás preparado para tratar”, dijo.

Delacámara subrayó que esta situación se agrava por el hecho de que las inversiones en agua deben ser “de larga duración”, cuando el endeudamiento público del país supera el 100% del PIB y el déficit público supera las exigencias de la UE. “Venimos acumulando un déficit de inversión desde el comienzo de la crisis”, apuntó.

Además, comentó que la red de abastecimiento de agua se renueva en sólo un 0,9% al año y la de alcantarillado en un 0,6%, lo que se traduce en vidas útiles superiores a los 100 y los 160 años, respectivamente.

“Necesitamos tocar todo al mismo tiempo: el desarrollo tecnológico, el rediseño de incentivos, las brechas de financiación... Esto exige miradas interdisciplinares, generar modelos que no sean excluyentes, sino que incluyan a la sociedad civil, al sector público y privado, y, al mismo tiempo, coordinar políticas sectoriales”, concluyó.