En un comunicado, Ceapa tildó de “antidemocrática” esta decisión, que insta al Congreso a dar marcha atrás y reconsiderar la admisión a trámite de dicha iniciativa, ya que en caso contrario puede derivar en un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

Pretender que “cuando al Gobierno no le guste lo que se apruebe en el Congreso se tienen que anular los acuerdos y que los tribunales deben obligar a ello en caso contrario, puede ser legal, pero desde luego ni es democrático ni éticamente aceptable”, indicó Ceapa.

Esto significa, agrega, “ni más ni menos que el Gobierno tiene el poder de condicionar al Congreso y decidir de qué puede o no puede hablar”.

Para Ceapa, este “ataque al poder parlamentario quiere acallar a la ciudadanía”, por lo que pregunta al Ejecutivo si cuando habla de pacto educativo, de verdad “quiere que nos lo tomemos en serio o es que piensa que somos estúpidos”.