Cataluña era, junto con Castilla-León, la únic comunidad española que carecía actualmente de una ley que regulara la iniciativa legislativa popular, a pesar de que el Estatuto de autonomía, aprobado en 1979, recoge esa posibilidad.

La redacción de esta ley fue preparada a partir de una ponencia conjunta de todos los grupos con representación en el Parlamento catalán.

Tras la aprobación de la ley, todas las formaciones destacaron el acuerdo con que se han llevado a cabo los trabajos para poder aprobarla por unanimidad, aunque los grupos de laoposición criticaron el retraso con que ha llegado al Parlamento autónomo.

Según esta ley, las propuestas que sean planteadas mediante iniciativa popular deberán hacer referencia a las competencias del Gobierno catalán que no tengan carácter tributario o financiero y deben tramitarse a través de una comisión promotora.

La Generalitat de Cataluña deberá asumir los gastos derivados de la presentación de la iniciativa legislativa popular hasta la cantidad máxima de 3 millones, pero siempre que la coisión promotora los acredite debidamente.