De las 17.967 llamadas registradas, 11.727 (65,5 por ciento) se pronunciaron a favor de que el Parlamento amplíe la actual legislación sobre el aborto, mientras que 6.240 comunicantes, es decir, el 34,5 por ciento, afirmaron estar en contra de una posible ampliación.

La única de las 17 comunidades autónoma españolas donde el "no" obtuvo más apoyos que el "sí" es Murcia, donde se registraron 124 llamadas en favor de la ampliación de la ley y 256 en contra.

El caso más significativo es el de la provincia de Málaga, en la que se está centrando la polémica, por encontrarse allí encarcelado el ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría, condenado por un delito de aborto.

Frente a la actitud del fiscal jefe de Málaga, Francisco Jiménez Villarejo, quien ha manifestado estar en desacuerdo con la actual legislaión del aborto, los malagueños votaron mayoritariamente a favor de la ampliación de la ley: 240 votos a favor y 85 en contra.

Por comunidades autónomas, los resultados fueron los siguientes: Madrid, 4.264 a favor y 1.873 en contra; Euskadi, 1.989 y 1.212, respectivamente; Murcia, 124 y 256; Cataluña, 882 y 170; Andalucía, 733 y 539; Valencia, 983 y 676; Aragón, 765 y 470; Extremadura, 197 y 94; Castilla y León, 360 y 216; Cantabria, 162 y 68; Navarra, 124 y 105; Canarias, 106 y 93; Galicia, 577 y 176;Asturias, 126 y 48; Rioja, 94 y 87; Baleares, 92 y 20, y Castilla-La Mancha, 93 y 64.

Durante la recogida de datos en el "Sermómetro", representantes políticos, del colectivo médico, de la magistratura, de la Iglesia y de varias asociaciones expresaron su opinión sobre la actual ley de interrupción del embarazo y su posible ampliación.

El presidente del Partido Popular, José María Aznar, afirmó que tiene la certidumbre de que la mayoría de la sociedad española no estaría a favor de una ampliaciónde la ley vigente.

Por su parte, la diputada del PSOE Josefa Pardo se mostró partidaria de una ley de plazos, al igual que el pasado martes hiciera la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández. "Con el cuarto supuesto (económico) son una vez más los jueces quienes tienen que interpretar cuándo una mujer debe tener un hijo y esa es una decisión íntima", afirmó la parlamentaria socialista.

En contra de esta postura se manifestó el diputado del CDS Carlos Revilla, a cuyo juicio "la ley de plazs va en contra de la mujer, porque la convierte en una fábrica de embarazos".

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Manuel Maza, "en el Ejecutivo y en el Legislativo se dan contradicciones, porque critican la propia legislación de la cual ellos mismos son autores".

Otra de las personas que se pronunciaron sobre la cuestión fue el secretario de la Comisión de Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal, José Luis Irízar, que afirmó no estar de acuerdo con la ley actul, porque "no deja de ser un crimen".

Finalmente, el presidente de la Comisión Deontológica de la Organización Médica Colegial, Gonzalo Herranz, aseguró que el colectivo médico exige mantener la independencia. "Cualquier imposición reglamentaria", afirmó, "es una muerte de la libertad del médico".