Además de la fianza de 30.000 euros, Díez Usabiaga, en prisión desde octubre pasado acusado de intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna bajo las órdenes de ETA, deberá remitir dos veces por semana un informe sobre el desarrollo del cuidado dispensado a su madre, según consta en el auto dictado por Garzón.

El magistrado adoptó esta decisión después de que los Servicios Sociales el Ayuntamiento de Lasarte (Guipúzcoa) acreditasen hace dos semanas que la madre del procesado ha iniciado los trámites para las prestaciones personales de la Ley de Dependencia requiriendo como cuidador a su hijo.

“Esta circunstancia humanitaria hace que la situación de prisión deba suavizarse para hacer compatible el cuidado de la madre”, señala Garzón en su auto.

De forma complementaria, el ex secretario general del LAB deberá comparecer dos veces por semana ante la comisaría de la Ertzaintza más próxima a su domicilio, se le ha retirado el pasaporte y no podrá salir del territorio nacional.

Díez Usabiaga se encuentra procesado junto al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y otras seis personas por un delito de integración en organización terrorista por su intervención en el proyecto denominado “Bateragune” -núcleo de reunión, en euskera-, que, según Garzón, trataba de reconstruir la marca electoral de ETA para concurrir a las elecciones municipales y forales de 2011.

Las circunstancias personales que han llevado a Garzón a excarcelar bajo fianza a Díez Usabiaga no sirvieron, sin embargo, para que Otegi pudiese salir de prisión. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió a finales de marzo mantener en prisión preventiva al ex portavoz de la ilegalizada Batasuna, quien había reclamado quedar en libertad provisional utilizando, entre otros argumentos, el estado de salud de su familia, en concreto de su padre y de su mujer.

RIESGO DE FUGA

A pesar de estimar sus circunstancias personales, Garzón rechaza que el riesgo de que Díez Usabiaga se fugue o vuelva a delinquir haya disminuido, tal y como sostenía la defensa. Este riesgo ha llevado al magistrado a imponerle una fianza de cuantía suficiente para asegurar su sometimiento a la acción de la justicia.

Garzón advierte en su auto que Díez Usabiaga “reiteraría la acción criminal si se produjera cualquier participación o actuación relacionada con el complejo terrorista liderado por ETA”.

Además de Otegi y Usabiaga , Garzón procesó el pasado 25 de enero a la ex tesorera del PCTV, Sonia Jacinto; a Miren Zabaleta, hija del líder de Aralar Patxi Zabaleta y una de las dirigentes emergentes de la izquierda abertzale, y a Arkaitz Rodríguez, ex responsable de Haika en Álava, así como a José Luis Moreno Sagüés, José Manuel Serra Ugarte y Amaia Esnal. Todos ellos fueron detenidos el pasado 13 de octubre.

TREGUAS-TRAMPA

En el auto de procesamiento, el juez de la Audiencia Nacional acusó a Otegi de ser el máximo responsable de “Bateragune”. En este sentido, aseguró que una de las misiones que ETA encomendó al ex portavoz de Batasuna era “conseguir treguas encubiertas para Euskal Herria, si bien la actividad violenta continuaría en el resto de España”.

El objetivo de estas “treguas-trampa” era engañar a partidos independentistas no violentos, como Euskal Alkartasuna (EA) o Aralar, para crear un polo soberanista aparentemente desligado de ETA y poder concurrir a las elecciones municipales y autonómicas de 2011.

Con este objetivo, los procesados intentaban crear desde diciembre de 2008 y bajo las órdenes de ETA una nueva “referencia institucional y política”. ETA había fijado incluso las fases de su nueva estrategia, un calendario según el cual este pasado otoño se hubiese ofrecido un pacto a Eusko Alkartasuna, a Aralar y los demás “agentes soberanistas”.

Este nuevo proyecto se iba a presentar públicamente en abril de 2010. Para la banda terrorista, era irrenunciable que este polo soberanista aparentemente apartado de la violencia concurriese a las elecciones autonómicas y municipales de 2011.

Pero el objetivo final no era otro que el de fortalecer la posición de ETA, marginando al PNV, para que la banda terrorista pudiese llevar la voz cantante y marcar las pautas con vistas a un nuevo proceso de negociación con el Estado.

En resumen, con esta estrategia ETA quería superar su pérdida de fuerza política, y, por lo tanto, la disminución de su liderazgo entre las fuerza soberanistas, una situación provocada por la sucesiva ilegalización de sus marcas electorales.