Así lo denunció este jueves Greenpeace en el informe ‘Mas allá del carbón. Alternativas sostenibles para el futuro de las cuencas mineras’, presentado este jueves en la Cumbre del Clima de Marrakech (Marruecos) durante un evento organizado por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El trabajo analiza el fin del uso de carbón para producir electricidad en España y presenta alternativas de empleo para las personas de las cuencas mineras que viven de este sector, e incluye como caso de estudio concreto el de la minería de Teruel.

El informe, en cuya elaboración han participado el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO y la consultora Abay Analistas Económicos, indica que, según la normativa europea, la minería del carbón que haya recibido ayudas para el cierre y la reconversión del sector deberá abandonar la actividad en 2018; de no ser así, deberá devolver las ayudas.

Greenpeace señala que en España se han invertido miles de millones de euros en programas de ayuda al sector y denuncia que “existe una falta absoluta de transparencia y de control administrativo en cómo se han destinado los fondos para la transición de las cuencas mineras”.

Además, apunta que desde 1987 se involucró a las empresas eléctricas en las ayudas económicas para la extracción del carbón, a las que se ofrecían pagos garantizados a cambio de comprar carbón nacional. Estas ayudas se han mantenido, con distintos formatos, hasta 2014.

“Ni las empresas mineras y eléctricas ni las administraciones implicadas han querido afrontar seriamente este problema durante años y ahora se ha convertido en una patata caliente que nadie quiere coger”, declaró Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, quien añadió: “Las empresas tienen una especial responsabilidad porque juegan con las esperanzas de los trabajadores, al hacer depender de subvenciones públicas la continuidad de un sector que saben no tiene futuro”.

CUENCA MINERA DE ANDORRA (TERUEL)

Por otro lado, el informe hace una revisión de la situación de la minería del carbón en España, el marco legal y las características comunes de las regiones mineras, y una recopilación de casos internacionales de "reconversión justa y sostenible" en las cuencas mineras de carbón con el fin de demostrar que el fin del carbón es posible.

También analiza la cuenca minera de Andorra (Teruel), que depende de una gran central térmica propiedad de Endesa. La zona cuenta con importantes reservas de lignito, que, según Greenpeace, es un carbón especialmente contaminante.

El informe señala que el futuro de la central térmica de Andorra “no está asegurado más allá del año 2020” y que, según la Directiva europea de emisiones industriales de 2010, podría seguir funcionando si implanta tecnología de reducción de emisiones de gases SOx (óxidos de azufre) y NOx (óxidos de nitrógeno) antes del 30 de junio de 2020, pero Enel-Endesa “aún calla” sobre si invertirá en esas mejoras, valoradas en 230 millones de euros.

Greenpeace destaca que tanto Endesa como la minera Samca "se han beneficiado" de la comarca durante años y tienen capacidad para buscar alternativas sostenibles de empleo para la zona, como la inversión en energías renovables.

Con el informe, Greenpeace no sólo pretende demostrar que hay alternativas al carbón, sino también abrir una vía de diálogo entre las partes implicadas para que se aborde "la transición del fin del carbón de manera justa con las personas y el medio ambiente".

“De ninguna manera podemos permitir que se den más ayudas a las eléctricas para que continúen con sus negocios en las energías sucias. Somos el país del mundo que más ha aumentado su consumo de carbón entre 2014 y 2015, cuando todos los flujos de financiación deberían estar dirigiéndose a un desarrollo sostenible y sin emisiones”, explicó Nuño.

Por ello, Greenpeace exige al Gobierno español “responsabilidad y coherencia y que elimine todas las subvenciones a las energías sucias e ineficientes”, con un plan con fecha de cierre progresivo hasta 2025 de las térmicas de carbón que aborde el descenso paulatino del uso del carbón y la “transformación justa” para todos los trabajadores del sector.