El objetivo es promover una contratación responsable en la gestión de servicios públicos, introduciendo factores sociales como la apuesta por el empleo de personas pertenecientes a colectivos con dificultades de acceso al mismo.

En su intervención, Sánchez Rubio aclaró que el cambio en la fórmula actual de la gestión de estos servicios obedece a las nuevas exigencias legales y especificó que la incorporación de criterios sociales en la contratación pública es una forma de “apostar por empresas responsables y sensibilizadas” con el cumplimiento de unos requisitos que van más allá de la solvencia y la capacidad técnica.

Asimismo, insistió en que, independientemente de la fórmula, “lo importante es garantizar la asistencia a las personas y la prestación de los servicios” y aseguró que el cambio de modalidad no afectará al contenido, puesto que se trata sólo de una modificación del procedimiento actual que también permitirá a las entidades sociales acceder a la concertación en materia de servicios sociales con la Administración andaluza.

La consejera destacó que la futura Ley de Servicios Sociales de Andalucía, cuya tramitación parlamentaria se está ultimando, contempla la gestión de servicios públicos y espera que el proyecto sea aprobado lo antes posible para regular el sistema de los servicios sociales y garantizar los derechos subjetivos de las personas más vulnerables.

Por último, indicó que la presidenta de la Junta ha informado a la Mesa del Tercer Sector sobre esta modalidad, que será “prioritaria una vez se apruebe la Ley de Servicios Sociales”. En total, en la Mesa del Tercer Sector están representadas 1.672 organizaciones sin ánimo de lucro, de las que 1.225 son de la plataforma de discapacidad, 400 de voluntariado y 47 de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza.