La resolución ha sido adoptada este jueves por mayoría del tribunal de garantías, que ha rechazado el recurso del Gobierno vasco contra la reforma de la ley que se aprobó en la pasada legislatura gracias a la mayoría del PP, que impulsó la reforma para dar al TC armas contra los soberanistas catalanes.

La sentencia ha salido adelante con los votos de los ocho magistrados del sector conservador. Cuenta, sin embargo, con el voto particular de la vicepresidenta del TC, la magistrada Adela Asúa, que fue la encargada de redactar el primer proyecto de resolución que consideraba inconstitucional la reforma de la ley impulsada por el PP.

Al final, ha salido adelante la tesis de que el Constitucional debe asumir esa nueva competencia que le otorga la ley porque no contraviene ninguno de los preceptos de la Carta Magna.

Asúa ha formulado un voto particular en contra de esta asunción de competencias por parte del TC, y ha contado con el apoyo de otros dos magistrados progresistas.

Los tres votos discrepantes esgrimen que la posibilidad de que el TC suspenda a cargos políticos supone asignarle unas competencias que le son impropias al garante del cumplimiento de la Constitución.