Para lograr este objetivo, la plataforma representativa de la discapacidad en Canarias pide al Ejecutivo autonómico que solicite también la colaboración de las administraciones locales, en el ámbito de sus competencias, por medio del ejercicio de las funciones de apoyo y asistencia a los funcionarios autonómicos y nacionales encargados del control e inspección del juego.

La iniciativa explica que en los últimos tiempos, en el ámbito de la comunidad autónoma, los órganos encargados del control del juego han detectado la proliferación de actividades de venta ambulante de productos de lotería por parte de entidades que carecen de la preceptiva autorización administrativa para organizar tales juegos.

“La práctica de juego ilegal supone, en primer lugar, la vulneración de la normativa autonómica sectorial. Así, la Ley Regional del Juego prohíbe los juegos que se realicen sin la debida autorización, debiendo ser objeto de decomiso los efectos, material, instrumentos, útiles y dinero utilizados en tales juegos”, afirma Cermi Canarias.

En segundo término, explica que desde el punto de vista de la seguridad jurídica, la ilegalidad de una actividad supone la desprotección de aquellos que entran en contacto con la misma, como pueden ser los propios trabajadores, muchas veces en situación irregular, sin contratos ni coberturas sociales a cargo de la empresa. Estas actividades también son perniciosas para los jugadores que no ven garantizada su participación en el juego o las entidades que ejercen la actividad de manera legalizada y, por tanto, sufren una competencia desleal.

“Los sorteos ilegales que no contribuyen al erario público por medio del pago de impuestos o cotizaciones sociales, estarían menoscabando los recursos necesarios para el sostenimiento de los servicios públicos, tal y como establece nuestra Carta Magna”, añade el texto presentado por Cermi Canarias.

La entidad advierte también de que los entramados que desarrollan actividades de juego ilegal usan la imagen de grupos en riesgo de exclusión, como el de las personas con discapacidad, entre otros, como coartada pretendidamente social para justificar sus prácticas ilícitas y dañinas, aprovechándose de las situaciones de precariedad y necesidad en que se encuentran, pero sin causa social verdadera.

“Finalmente, la actividad del juego ilegal supone la desprotección de aquellos colectivos que requieren de especial atención, como los menores de edad o las personas que hubieran solicitado voluntariamente o tengan prohibido, mediante resolución judicial, su no participación en el juego”, concluye Cermi Canarias.