En un comunicado difundido este jueves, el Gobierno municipal explica que ha tomado esta iniciativa "ante los indicios contrastados de que se puede estar utilizando, presuntamente, la imposición abusiva de multas como herramienta para conseguir determinadas reivindicaciones salariales".

Según el Consistorio, esta acción, en el caso de demostrarse, supondría una dura sanción, ya que está terminantemente prohibida por la normativa laboral que rige en la Policía Local.

El Ayuntamiento asegura que ha mantenido siempre la mano abierta a la negociación, "que, de momento y pese a su voluntad, no ha dado los frutos deseados".

La concejala de Seguridad Ciudadana de Rivas, Yaiza García Reca, explicó que el procedimiento disciplinario se ha abierto tras detectar un incremento de más del 500% de las multas respecto al mismo periodo del año pasado. "No podemos obviar las quejas vecinales y la distorsión que se está produciendo en la labor policial", subrayó.

A su jucio, "con la actitud de una minoría de agentes de la Policía Local se está perjudicando el buen nombre de este Cuerpo, que es uno de los más profesionales y eficaces de la Comunidad de Madrid".

Para el Ayuntamiento, el uso de métodos de protesta ilegales, que repercuten directamente en el bolsillo del vecino (ajeno a esta situación) en un momento de crisis económica importante, es "inaceptable". Agregó que existen mecanismos abiertos de negociación legítimos que conforman la base del Estado de derecho.

"Lo que no vamos a permitir es que se vulneren los derechos de los ciudadanos tomando como excusa exigencias que tienen otro ámbito de resolución", concluyó la edil de Seguridad Ciudadana.