El 64% de las empresas asegura que la situación política ha afectado a su actividad, según Cepyme

MADRID
SERVIMEDIA

La Encuesta sobre Morosidad y Financiación Empresarial de la Confederación de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme) realizada en junio revela que el 64% de las empresas encuestadas considera que la ausencia de Gobierno y la situación política ha repercutido en su actividad.

Así lo recoge el Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial publicado por Cepyme este lunes y realizado en colaboración con la Dirección General de Industria y de la Pyme.

En concreto, el 28,2% de las empresas consultadas señaló que la situación de interinidad política tenía un notable impacto sobre su actividad empresarial, y un 35,5% indicó que este impacto era moderado, mientras que para el 34% esta situación no tiene ninguna influencia sobre su actividad.

Por su parte, la previsión de crecimiento de la economía española se mantiene en el 3,2% para este año, "pese a la gradual desaceleración en el ritmo de crecimiento trimestral" que se viene registrando durante el actual ejercicio y que conducirá a un crecimiento anual del 2,3% en 2017.

Esto se traducirá en 390.000 nuevos empleos y una tasa de paro del 17,9%, según recoge el boletín.

BAJA LA MOROSIDAD

En cuanto a la evolución de la morosidad, el informe señala un descenso de 1,4 puntos en el Índice Sintético de Morosidad Empresarial (ISME) durante el segundo trimestre del año, rompiendo la tendencia alcista de los últimos cuatro trimestres y fluctuando en el entorno de los 93,5 puntos desde mediados de 2013, cuando la economía española comenzó la recuperación.

El período medio de pago de las operaciones comerciales entre empresas se redujo en el segundo trimestre hasta los 80,1 días, lo que representa el mínimo de la serie histórica, que se remonta al primer trimestre de 2008.

Mientras, la deuda comercial en retraso de pago volvió a incrementarse, alcanzando ya el 72,1% del total del crédito comercial, lo que "confirma la necesidad de abordar reformas de calado que permitan erradicar las malas prácticas en materia de cobros y pagos", según pone de relieve el boletín.

Además, el informe destaca la "preocupante" evolución de la denominada 'morosidad extrema', que se refiere a aquellos efectos denunciados que entran en la categoría de dudoso cobro y que en agosto acumulaban una demora de casi tres años de impago.

El coste financiero de la morosidad se situó en el entorno de los 900 millones de euros en el segundo trimestre del año, lo que equivale aproximadamente al 0,1% del PIB.

Por lo que se refiere a la morosidad de las administraciones públicas, el período medio de pago de las comunidades autónomas se situó en 72,2 días, más de 42 días por encima del periodo legalmente establecido (30 días), convirtiéndose estas entidades en el nivel administrativo con peores registros de pago a proveedores.

(SERVIMEDIA)
24 Oct 2016
MMR/caa