“Y la empleabilidad tiene que ser una de las herramientas fundamentales para conseguir la inclusión”, dijo Izquierdo, quien compareció para hablar de las políticas públicas de su consejería dirigidas a las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid y de la política general de fomento de la vida independiente y la promoción de la asistencia personal para personas con discapacidad.

Tras señalar que su departamento también apuesta por la vida independiente, explicó que las políticas de discapacidad no han sufrido “ni un solo recorte”, en línea contraria a la opinión de los grupos de la oposición, que denunciaron en la misma sesión plenaria la existencia de recortes.

El consejero dijo que la Comunidad está “comprometida de manera firme” con este colectivo y citó como ejemplo la creación de una Dirección General específica sobre Discapacidad, porque a este grupo de la población “hay que darle la importancia que se merece”.

Asimismo, detalló algunos programas de su departamento que trabajan para mejorar la calidad de vida de estas personas y fomentar su inclusión social, con la figura del asistente personal, “que queremos seguir desarrollando”.

Se refirió también a las distintas redes de atención pública a través de centros para personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, con atención especializada, y también a través de centros ocupacionales y de día.

Seguidamente se refirió a la red especializada de enfermedad mental grave y duradera y a la red de atención temprana a menores de seis años.

OPOSICIÓN

El diputado de Ciudadanos Tomás Marcos destacó la necesidad de proyectos que fomenten la vida independiente y dijo que serán necesarios cambios legislativos para conseguir “la igualdad de derechos y la dignidad de personas para ser como quieran ser en su propia diversidad”.

Se refirió a la “diversidad funcional y no a la discapacidad” y afirmó que el asistente personal contribuye a que "el derecho a vivir de forma independiente sea una realidad”.

Marcos aseguró que desde Ciudadanos “apostamos por la inclusión social, no por la integración”, y denunció problemas de accesibilidad, en la atención temprana o en la educación inclusiva.

La diputada de Podemos Carmen Sanjosé manifestó al consejero que “no es cierto que su compromiso” con este sector “vaya a la raíz del problema” y en el sentido de “garantizar la igualdad de oportunidades para estas personas”.

Habló igualmente de la necesidad de “contemplar la perspectiva de género” a la hora de abordar cuestiones relativas a las mujeres con discapacidades, sobre todo en cuestiones de violencia de género.

Tras denunciar que todavía no ha llevado el Gobierno a la Asamblea la evaluación de III Plan de Discapacidad, señaló que los recortes por la crisis han afectado a este colectivo.

Sanjosé dijo que en materia de empleo, la tasa de paro triplica a la del resto de ciudadanos y denunció problemas para conseguir la accesibilidad universal en Metro, autobuses o viviendas públicas.

Por su parte, la diputada socialista Mónica González se refirió a la red pública de atención a estas personas y dijo que de los 321 centros existentes, 25 están gestionados directamente por la Administración regional, 76 son de titularidad privada, sin plazas concertadas, y 266 de titularidad privada, con plazas concertadas.

Agregó que esas 266 son "entidades sin fines de lucro, muchas de ellas familias de estas personas que además de aportar su esfuerzo aportan cantidades de dinero para mantener los centros".

“La afamada gratuidad en la asistencia residencial que proclaman la sustentan estas organizaciones sin fines de lucro, gestionadas en su mayoría por los propios familiares de las personas con discapacidad”, indicó la diputada socialista, quien señaló que “los usuarios, sus familias y por supuesto el PSOE defienden la gratuidad, pero con calidad y bajando los precios, como lo han hecho desde la legislatura anterior mediante la vía de los acuerdos marco".