Yuste declaró a Servimedia que la sentencia del Alto Tribunal era “la esperada por el perfil de varios de los miembros del Tribunal Constitucional, cuya afición por las corridas de toros es pública y notoria”.

“Desde luego, nos hubiera sorprendido mucho que hubieran aplicado sus conocimientos de Derecho sin tener en cuenta sus gustos personales”, añadió.

Comentó que las corridas de toros se prohibieron en Canarias en 1991 “sin que ocurriera nada” y en 2010 en Cataluña “con un gran escándalo”, y que Baleares “se está planteando” que no se celebren esos espectáculos taurinos en el archipiélago.

Yuste dijo que la sentencia indica que Cataluña tiene competencias para regular los espectáculos públicos, con lo que la Generalitat “puede hacer una regulación que haga imposible ‘de facto’ que vuelvan las corridas de toros a Cataluña, igual que no vuelven a Canarias”.

Recalcó que “el debate jurídico no termina aquí”, porque la sentencia puede contener “interesantes contradicciones en cuanto a lo que son las competencias autonómicas”. “No se puede decir que las comunidades autónomas, en este caso Cataluña, tienen competencias para proteger a los animales y que, sin embargo, el maltrato animal de los toros forma parte de la cultura española y eso queda fuera de la protección de los animales. Ahí hay una contradicción en sus términos, que jurídicamente sigue siendo debatible y políticamente desde luego lo va a seguir siendo”, explicó.

Yuste defendió “eliminar esa excepción por razones culturales”, porque “en el siglo XXI a la mayoría de la sociedad le parece absolutamente inconcebible se sigan maltratando y matando animales como un espectáculo público para divertimento de la gente”. “Eso es algo ya absolutamente insoportable para la mayoría de la sociedad. Diga lo que diga el Tribunal Constitucional, eso es un hecho imparable que va a ocurrir ahora o después, comunidad autónoma por comunidad autónoma o directamente en las Cortes Generales”, apuntó.