En concreto, los populares recurrieron los artículos 1, 2, 4 y 6 de la Ley de Presupuestos Generales así como los capítulos económicos y varias disposiciones adicionales, según consta en la providencia dictada por el pleno del Tribunal Constitucional.

Además de admitir a trámite el recurso, los magistrados ordenan dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado, para que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.