La iniciativa, presentada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, contó con 21 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención, y apremia al Gobierno a “luchar por la preservación de Doñana como Patrimonio de la Humanidad y rechazar el proyecto de almacén de gas en el marco de la lucha contra el cambio climático y la sustitución de los combustibles fósiles y la energía sucia por energías limpias”, así como a “paralizar inmediatamente las obras hasta que se realice la evaluación de los potenciales impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto industrial de Gas Natural en su conjunto”.

Eva García, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, expresó su “verdadera tristeza y rabia” al solicitar la protección de Doñana por ser “uno de los mayores referentes europeos e incluso mundiales” por sus “inestimables valores ecológicos”, y pedir que esté a salvo de “los intereses especulativos” de Gas Natural, que aboga por “un modelo energético caduco y depredador”.

García indicó que Doñana lleva “30 años de impacto debido a la extracción de gas del subsuelo”, pese a lo cual “se quieren hacer nuevos pozos, emplazamientos y gasoductos” para convertir este espacio verde en “una verdadera bombona”, después de que el Gobierno emitiera una declaración de impacto ambiental favorable para iniciar el proyecto denominado ‘Marisma Occidental’ sin tener en cuenta, a su juicio, “los graves impactos” de las obras.

La iniciativa contó con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios. Josefa Inmaculada González (PSOE) indicó que “la conservación de Doñana no es negociable”, Luis Salvador (Ciudadanos) compartió la defensa de ese parque nacional como “ecosistema de biodiversidad” y Xavier Eritja (Esquerra Republicana), Antoni Postius (Partido Demócrata Catalán) y Enric Bataller (Compromís) recordaron el caso del almacén subterráneo de gas Castor, emplazado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y paralizado tras detectarse centenares de seísmos en la zona.

Ernesto Aguiar, del PP, explicó que su grupo parlamentario rechazaba la proposición no de ley indicando que la política medioambiental del Gobierno se sustenta en compatibilizar el desarrollo sostenible con la prevención de los recursos naturales y apuntando que el proyecto ‘Marisma Occidental’ cuenta con “todas las formalidades establecidas” para que se ponga en marcha.