En declaraciones en la Cámara Baja, Homs explicó que en la reunión celebrada hoy de la Comisión del Estatuto del Diputado se le comunicó que han recibido la petición de tramitar el suplicatorio. A partir de ahora la Comisión tiene un plazo máximo de 30 días para concluir su trabajo, incluyendo la audiencia al interesado, que puede ser presencial o por escrito.

El propio Homs anunció este miércoles que comparecerá en esta Comisión el próximo 2 de noviembre, aunque explicó que antes quiere solicitar “de forma formal” que se le facilite “una copia” de la documentación del suplicatorio. “No hay nada que impida que se pueda conocer todos los extremos que fundamentan este suplicatorio”, manifestó Homs.

El diputado catalán tildó como curioso que hace justamente un mes declarara ante el Tribunal Supremo por la consulta del 9-N. “Fíjense cómo van de rápidas unas cosas y otras van lentas” y añadió que le llama la atención que en un “año entero” no haya comparecido en el Congreso ningún ministro. Asimismo, reitero que “este es un proceso que tiene muy poco de judicial y mucho de política”.

PP Y C’s VOTARÁN COMO ‘HOOLIGANS’

También dijo que tiene la impresión de que el PP y Ciudadanos votarán para que se tramite este suplicatorio como unos "hooligans" y subrayó que esta actitud tiene que ver con la “vocación” que tienen estos partidos de pensar que la cuestión territorial en Cataluña se va a solucionar “a base de sentencias y condenas”.

“Se equivocan porque cuanto más denuncias, más querellas y persecución a responsables políticos catalanes más clara y rotunda va a ser la respuesta de la ciudadanía de Cataluña, no tengo ninguna duda. Ellos buscan reprimir y van a encontrar respuesta serena, pacífica y democrática de una inmensa mayoría de la población de Cataluña”, sentenció.

Asimismo, expesó toda su “solidaridad” en “el terreno personal” a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, de quien dijo que sólo “ordenó un debate parlamentario”. “Creo que sí hay voluntad de amedrentar e intimidar a través de los responsables políticos”, afirmó, para agregar que los independentistas tienen cada día “más argumentos para seguir adelante”.

“Creo que la mayoría de diputados catalanes van a expresar una negativa total a que lo que se hace en Cataluña sea motivo de querellas y tramitaciones de este tipo”, consideró.

TRÁMITE DEL SUPLICATORIO

La documentación de la Comisión tiene que ser sometida a debate y votación en el primer Pleno ordinario de la Cámara, que teniendo en cuenta los plazos a seguir se convocaría previsiblemente en la segunda quincena de noviembre, salvo que no se agotara el límite de un mes para elevar su informe.

En aplicación del Reglamento del Congreso, ese informe de la Comisión del Estatuto del Diputado se debatirá y votará en sesión secreta, sin presencia de medios de comunicación, a los que oficialmente solo se trasladará la resolución final: si se concede o no el suplicatorio .

Dado el previsible voto a favor del PP y del PSOE el suplicatorio será concedido a pesar del rechazo anunciado por Unidos Podemos y por el PNV, que se uniría al de los grupos catalanes, que entienden que detrás de esa causa del Supremo hay un intento de judicializar un problema político.

Una vez que el Pleno del Congreso haya decidido, hay un plazo de ocho días para que la Presidencia de la Cámara traslade al juez la decisión junto con el recordatorio sobre la obligación de comunicar al Congreso los autos y las sentencias que se puedan dictar y que afecten personalmente al diputado.

Si transcurrieran 60 días naturales del periodo de sesiones ordinario y a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio sin pronunciamiento del Congreso se entendería que la petición del Supremo es denegada.

El pasado 9 de septiembre Homs declaró ante el Tribunal Supremo por esa causa y aseguró que como consejero de la Generalitat en aquel momento actuó "de forma legal claramente" y conforme a los mandatos del Parlamento de Cataluña, que eran "muy claros".

El juez le considera responsable de los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia en relación a la citada consulta popular, que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional.