Según FSIE,el real decreto “supone una discriminación inaceptable” para los docentes de los centros concertados y privados, al señalar que solo el profesorado funcionario puede encargarse de dichas evaluaciones.

A su juicio, esta norma contradice la propia Lomce, que especifica que la realización y corrección de estas evaluaciones correrá a cargo de profesorado externo al centro perteneciente al sistema educativo español, del que forman parte tanto docentes de la pública como de la privada y concertada.

FSIE considera que existe “un trato legislativo discriminatorio” en el citado real decreto, que perjudica a los profesores de la enseñanza concertada y privada en favor de los docentes funcionarios.

Estos últimos se encargarán de aplicar y corregir la prueba, así como de la realización, seguimiento y supervisión de dichas evaluaciones, que otorgarán los títulos de ESO y Bachillerato.

FSIE, que ya recurrió “la reválida de Primaria”, señaló que los docentes de la escuela privada poseen idéntica titulación que sus colegas de la pública, por lo que no se entiende que estén “suficientemente cualificados para educar, examinar y decidir sobre sus alumnos, pero no para participar en las pruebas de evaluación de un sistema del que también forman parte”.

Por ello, pidió la retirada del real decreto y reclamó la paralización de estas pruebas, “hasta alcanzar el necesario consenso educativo”.